El proceso de la destitución del Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro
Urrego.
Tal parece que es tanto la
necesidad de destituir al alcalde mayor de Bogotá, en cumplimiento de la ley, que desde que el Consejo del Estado
negara los 23 tutelas a favor del Alcalde, al procurador no le queda más que
buscar las últimas instancias como el hecho de enviar una carta al Presidente
de la República y organizar una reunión (este viernes) con el mandatario para
estudiar las medidas interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
La carta del Procurador al
Presidente de la República: “De conformidad con lo establecido en el
artículo 44 del decreto ley 1421 de 1993 y en el numeral 1 del artículo 172 del
Código Disciplinario proceda a ejecutar la sanción
disciplinaria” interpuesta contra el alcalde de Bogotá.”) Aunque la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) también le da las medidas cautelares a favor del alcalde
pidiéndole al gobierno colombiano “suspender inmediatamente” este proceso.
Es de esperarse que, en plena campaña electoral del actual presidente y su reelección, quizás haga caso omiso a las declaraciones de las instituciones internacionales, así, como el mismo alcalde Gustavo Petro a través de medios de comunicación se ha pronunciado sobre la protección de los mandatarios distritales con nuevas reformar. Aunque, el mandatario distrital también admite que sería un error político el no acatar las medidas cautelares otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Recordemos que la ley es para todo, pero al mismo tiempo, ¿sí
estamos de acuerdo en que un mandatario tan importante como el Alcalde Mayor de
Bogotá, considerado el cargo más importante después de la presidencia, electo
por los votos populares, sea destituido?, ¿hace falta las nuevas reformas
que no siembre incertidumbres a la hora de gobernar y generar desorden legales
y en administraciones?, o es ¿complot
político? O simplemente es la mala administración del Alcalde de
Bogotá, desde las reformas del manejo de las basuras y se interpreta como
asuntos políticos por el contexto electoral que está viviendo el país. Lo que
si es cierto, es que y no cabe la duda, es que desde que comenzó el proceso de
la destitución, se ha sembrado ese incertidumbre en la población capitalina,
los problemas de las administraciones se ha incrementado, en la movilidad, el
movimiento de las personas a favor en contra de la destitución del alcalde
Mayor de Bogotá y hace pensar si de esta forma, ¿se puede hacer una buena
administración.
¿Cree que el Gobierno Nacional
debe acatar medidas cautelares a favor de Alcalde Petro? Desde luego. El
derecho internacional es garantista y progresista. La globalización no es ya
meramente un asunto de mercadeo, también es cultural y político, es por ello
que Colombia a través de los tratados internacionales suscritos se conforma en
un estado miembro y por ende garantista de la protección de los derechos
humanos. Si Colombia desconoce las recomendaciones de la CIDH es un país
sancionado y las repercusiones son altamente lesivas, no podemos seguir con la
conducta de desconocimiento de los tratados internacionales como acontecían con
la sentencia de la corte.
FUENTE:
El análisis es muy sencillo: al presidente santos le
conviene acatar la solicitud de la CIDH y no destituir a Petro porque así se
garantiza los votos d todo aquello que va con el Alcalde y de la
mayoría de sectores de la izquierda en referencia a la reelección y a Petro lo
fortalece políticamente proyectando lo que sería el panorama político para el
2018 en donde el sería la primera opción para la presidencia, donde si las
cosas encajan ya estaría firmada la paz y algunos de los negociadores actuales
de la habana tendrían curul en el congreso de La Haya, para evitar ser denunciado ante un organismo
internacional simplemente debemos de ser justos, equitativos, progresistas y
significadores en nuestras decisiones.
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