En
cuanto al anuncio de la secretaria de hacienda, tal como expresan los
funcionarios, es algo muy bueno que beneficia a la ciudad. Pero, vale la pena preguntarse
¿a qué se debe que gran parte de los ciudadanos hayan pagado este impuesto en
las fechas que otorgan el 10% de descuento?, ¿tiene esto algo que ver con el
polémico aumento en el impuesto?, al igual que es importante preguntarse ¿qué
porcentaje de esta población es de estrato 1 y 2?, ya que es la población que
más se puede ver afectada por los enormes aumentos en el impuesto. Si se diera
el caso que poco del porcentaje que ya realizo el pago fuera de los estratos
más bajos, hay que ser consiente que no se han propuesto y mucho menos implementado
soluciones y/o ayudas para mitigar este impacto económico que van a sufrir
estas familias y/o personas, porque sería muy grave que esta población no
pudiera realizar su pago antes del 1 de julio, que es la fecha limite por falta
de recursos, porque como recordamos, los barrios
de estratos bajos como Ciudad Bolívar, Bosa o Tunjuelito, tuvieron un aumento
superior al 17% mientras que sectores como Usaquén o chapinero tuvieron un
aumento del 9%.
En
relación con las alianzas público privadas que se han considerado implementar
en Bogotá, se destaca que el presidente de la
Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, aseguró que las APP “son un mecanismo oportuno en
momentos de una coyuntura económica apretada, pues son los privados quienes
ponen los recursos“. Por ello, se podría decir
que serían de gran ayuda en la capital Colombiana, puesto que el actual alcalde
Enrique Peñalosa, afirmo que “se encontró
una ciudad con un desorden financiero gravísimo, gastos recurrentes y ganancias
mínimas. Dinero que no se ha logrado recuperar con el peor error que se ha
cometido en Bogotá en los últimos 100 años como lo es el SITP” (Kienyke, 2016). Además,
según anuncias hay sectores que tiene problemas económicos, como la secretaria
de integración social, la cual según han anunciado agotara su presupuesto en el
mes de agosto, por ello las alianzas público privadas serian de gran apoyo,
aunque no se han implementadas en el ámbito social directamente. Sin embargo,
se debe destacar que todos los riesgos los terminan
asumiendo la alcaldía y los ciudadanos, no las empresas. Además, estas
alianzas endeudan a la ciudad por largo tiempo.
Por otro
lado, con relación a las APP, se tiene pensado implementar este tipo de
negociaciones en la construcción de algunas estaciones del metro. Pero, el
problema se basa, en que la empresa del metro se tiene pensado implementar 100%
publica, pero la inversión que realizan estas empresas privadas, de alguna manera
tendrá que ser devuelta, y por ello se debe estar muy pendiente cómo será la
repartición de ganancias, para que no se repitan desigualdades como en la
empresa de Transmilenio, donde la ciudad solo gana el 5%.
Por
consiguiente el magistrado del Consejo de Estado, Gerardo Arenas, a quien le
quedan menos de tres semanas en el alto tribunal, radicó la ponencia con la que
pide que se levante la sanción que impuso la Procuraduría contra el exalcalde
de Bogotá, Gustavo Petro. Por esta razón se espera que la ponencia se discuta en Sala Plena dentro de
15 días, antes de que el magistrado
Gerardo Arenas termine su periodo. Si no, se debe realizar una votación antes del 8 de mayo, para poder escogerse otro magistrado para que este elabore nuevamente una ponencia, puesto que
con esta ya serian tres las que se han redactado a favor de Petro.
En otra
línea concluimos que el presidente ha reconocido su falta de popularidad ante
los ciudadanos colombianos, pero parece ser que esto no es de gran importancia
para él, puesto que su atención está dirigida en el proceso de paz con las
Farc. Por esta razón la comisión oficial de paz y los negociadores de las Farc
están en este momento en la Habana buscando realizar acuerdos en torno al fin
del conflicto y la dejación de armas por parte de la guerrilla.
Para
finalizar se concluye en los sobre
costos de Reficar los cuales pueden ser “recuperados” por lo cual se dice que, sí
hubo sobrecostos en la Refinería de Cartagena, cosa que vinieron a descubrir
solo en junio de 2011, y por esa razón fue que lograron documentar desde
entonces todas las irregularidades que la empresa CB&I cometió, sin que ni
siquiera la advertencia de que hizo Ecopetrol de demandarla, para que de este
modo fuera suficiente y la empresa
accediera a reestructurar el contrato y cambiar las reglas de juego. “Lo que
estaba en riesgo era la continuidad del proyecto. Si no tomamos riesgos, hoy
tendría Cartagena un elefante blanco y no una refinería”. Por
tanto Reficar y Ecopetrol estuvieron atadas una
decisión que se tomó en 2006, antes de que el expresidente Javier Gutiérrez
llegara a la presidencia, pues fue en ese año cuando se hizo la sociedad con la
multinacional Glencore y esta a su vez contrató a CB&I, con la que en 2007
Gutiérrez tuvo que continuar.
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